La sociedad civil representa un recurso infrautilizado para enfrentar el extremismo violento. Podemos ofrecer una visión positiva y no violenta de nuestro futuro juntos que pueda crear un mensaje alternativo efectivo frente a las voces y grupos que promueven la violencia. La sociedad civil necesita apoyo, protección y empoderamiento para hacer una contribución constructiva para enfrentar el extremismo violento. Todos deberíamos estar de acuerdo en que cuando las autoridades de seguridad necesitan responder, de hecho, ya hemos fallado en nuestro anhelo de una existencia pacífica. Cuando el Estado impone una respuesta basada únicamente en medidas de seguridad, es porque no se han abordado los factores que conducen al extremismo y la violencia.
La Sociedad Civil es el actor clave con la legitimidad, la capilaridad y las capacidades para fomentar la resiliencia comunitaria frente al mensaje extremista violento.
Somos conscientes de que diversas declaraciones internacionales en todos los niveles han destacado el papel de la sociedad civil en una respuesta integral y multidimensional a la amenaza del extremismo violento. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución que adopta la Estrategia Global contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, confirmó la determinación de los Estados miembros de “alentar aún más a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil a participar, según corresponda, en cómo mejorar los esfuerzos para implementar la Estrategia”. En el marco de la OSCE, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica o la Unión Europea, entre otros, se ha reconocido que es sumamente importante involucrar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones políticas comunes para los conflictos y para promover los derechos humanos y la tolerancia como elementos esenciales en la prevención del extremismo violento. Somos conscientes de los esfuerzos en curso de las iniciativas nacionales y regionales de Europa, África del Norte y Oriente Medio, así como de las políticas, acciones y planes locales actuales alineados con los principios de prevención del extremismo violento. Sin embargo, las posiciones de buena voluntad expresadas no han sido seguidas por medidas reales sobre el terreno para reforzar la contribución de la sociedad civil a la prevención del extremismo violento. De hecho, existe una creciente preocupación de que los estados estén interesados en restringir el espacio de la sociedad civil. En nombre de la lucha contra el terrorismo, los gobiernos han restringido las libertades políticas e impuesto medidas restrictivas contra los defensores de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil en muchos países. Los Estados invocan sistemáticamente la seguridad nacional y la seguridad pública para reducir el espacio de las actividades independientes de la sociedad civil. En muchos países, se han utilizado medidas legislativas y reglamentarias especiales para tomar medidas enérgicas contra las ONG y los activistas que abogan por el cambio social y critican las políticas gubernamentales. Estas medidas dificultan que los actores de la sociedad civil promuevan los derechos humanos y la tolerancia como elemento esencial en la prevención del extremismo violento. Es esencial mantener y proteger a la sociedad civil si queremos abordar las condiciones que conducen a la propagación del terrorismo.
Estamos convencidos de que la creación de sociedades abiertas, equitativas, inclusivas, socialmente cohesionadas y plurales, basadas en el pleno respeto de los derechos humanos y con oportunidades económicas para todos, representa la alternativa más tangible y significativa al extremismo violento y la estrategia más prometedora para hacerlo poco atractivo. Consideramos que la sociedad civil tiene una capacidad comprobada para la movilización de base amplia y para crear reclamos de abajo hacia arriba que fomenten una gobernanza receptiva.
Actores, conceptos y definiciones de trabajo. Reconocemos que la falta de una definición universalmente aceptada de los términos “radicalización”, “extremismo violento”, “discurso de odio” o “terrorismo” en los gobiernos o la academia es un desafío para todos aquellos que quieren establecer medidas efectivas para contrarrestar la violencia y prevenir extremismo violento en nuestras sociedades. La falta de definiciones claras es especialmente preocupante cuando consideramos que los medios de comunicación utilizan diariamente estos términos en una variedad de formas, obligando a definiciones hegemónicas que son potencialmente incompatibles con las normas y estándares de los Derechos Humanos Universales. Aún más preocupante es la capacidad del Estado para categorizar a individuos o grupos como “terroristas” o “extremistas violentos”. Existen pruebas históricas y actuales de que cuando los Estados carecen de democracia y estado de derecho, la capacidad estatal puede utilizarse para estigmatizar a los defensores de los derechos humanos como terroristas, enemigos del Estado u opositores políticos. Reconociendo esta situación, nuestro objetivo es contribuir a proporcionar definiciones de trabajo de esos conceptos para tener una base y un enfoque comunes.
En el proyecto RAP consideramos el término radicalización como sinónimo de adoctrinamiento, un proceso por el cual un individuo, grupo o estado llega a adoptar ideas y aspiraciones políticas, sociales o religiosas cada vez más extremas que rechazan el statu quo. El término radicalización no implica, necesariamente, una connotación negativa. Los procesos de radicalización pacífica existen y también aspiran a rechazar el statu quo; los agravios individuales o colectivos se canalizan adoptando ideologías subversivas que luchan por el progreso social y democrático. Es importante hacer algunas distinciones entre radicales, aquellas personas que tienen ideas radicales, y radicales violentos, aquellos que adoptan ideologías extremistas violentas. Existen múltiples vías que constituyen el proceso de radicalización, que pueden ser independientes pero que normalmente se refuerzan mutuamente. El adoctrinamiento, especialmente abordado por medios violentos, sigue siendo uno de los más peligrosos.
Entendemos por extremismo(s) violento(s) a las ideologías que aspiran a alcanzar el poder político optando por el uso de medios violentos frente a la persuasión. Las ideologías extremistas violentas se basan en valores totalitarios, fanáticos, intolerantes, patriarcales, antidemocráticos y antipluralistas. Las ideologías extremistas violentas pueden ser adoptadas por individuos, grupos, corporaciones o estados. Nuestro objetivo es incluir en nuestra definición de extremismo violento todas las ideologías que defienden, mantienen o generan violencia estructural, cultural y directa. Es relevante subrayar que ninguna sociedad, credo religioso o cosmovisión es inmune al extremismo violento; la definición incluye, entre otros, movimientos de derecha o de izquierda, movimientos étnicos, nacionales, de clase, de género o fundamentalistas religiosos. Entendemos la violencia generada por las ideologías extremistas violentas en todas sus dimensiones: violencia directa, cultural y estructural. Los principales actos de violencia que interesan a este Plan de Acción son el discurso de odio, los crímenes de odio, el terrorismo y la violencia estructural.
Entendemos el discurso de odio como la apología del odio por motivos de nacionalidad, raza o religión. El discurso de odio es un discurso que ataca a una persona o grupo sobre la base de atributos como el género, el origen étnico, la raza, la religión, la discapacidad o la orientación sexual. El discurso de odio debe ser considerado como los procesos de propaganda y adoctrinamiento de los movimientos extremistas violentos para legitimar sus ideologías violentas. Es particularmente peligroso cuando es promovido por funcionarios y medios de comunicación.
Entendemos los delitos de odio como actos delictivos motivados por prejuicios, que se producen cuando un perpetrador ataca a una víctima por su percepción de pertenencia a un determinado grupo social: sexo, etnia, discapacidad, idioma, nacionalidad, religión o identidad de género.
Entendemos la violencia estructural como actos de violencia promovidos por instituciones y estados que han adoptado ideologías extremistas violentas y ponen limitaciones a grupos de personas impidiéndoles alcanzar la calidad de vida que de otro modo hubiera sido posible. Estas limitaciones pueden ser políticas, económicas, religiosas, culturales o legales. La violencia estructural genera violencia no natural y muertes provocadas por el estrés, la vergüenza, la discriminación y la denigración que resultan del bajo estatus y la falta de dignidad.
Entendemos el terrorismo como un método angustioso de acción violenta repetida, empleado por individuos, grupos o estados (semi) clandestinos, por razones idiosincrásicas, criminales o políticas, en el que, a diferencia del asesinato, los objetivos directos de la violencia no son los objetivos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia generalmente se eligen al azar (objetivos de oportunidad) o selectivamente (objetivos representativos o simbólicos) de una población objetivo, y sirven como generadores de mensajes. Esta definición fue el resultado del trabajo de Schmidt y Jongman en “Terrorismo político. Una nueva guía de Actores, Autores, Conceptos, Bases de Datos, Teorías y Literatura”, 1988.
El extremismo violento socava nuestros esfuerzos colectivos para mantener la paz y la seguridad humana, fomentar el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos, promover la democracia y la justicia, responder a las crisis humanitarias y brindar acceso a los servicios básicos en la región euromediterránea. Varias ideologías extremistas violentas están presentes en la región generando un nivel excepcional de crímenes de odio, discurso de odio, actividad terrorista y violencia estructural en toda la región. La falta general de cohesión social, la falta de confianza en los gobiernos y autoridades, la violencia política y la persistente presencia de agravios colectivos legítimos y no resueltos han alimentado la violencia y la polarización a un nivel sin precedentes desde mediados del siglo XX. Los movimientos populistas, racistas e islamófobos de extrema derecha presionan a los gobiernos hacia la intolerancia y el odio. Las ideologías extremistas violentas fanáticas y fundamentalistas están ganando poder político y radicalizando la opinión pública de diferentes países en contra de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En términos de paz y seguridad, los grupos extremistas violentos están contribuyendo significativamente al ciclo de inseguridad y conflicto armado que afecta a nuestra región. La región mediterránea sigue siendo una de las zonas más inseguras del mundo, debido a los conflictos armados existentes alimentados por el comercio de armas, estados fallidos, ocupaciones militares, dictaduras y gobiernos represores. La población civil está en peligro cuando la estabilidad nacional y regional se ve socavada en gran medida, hay una exacerbación de las conexiones con el crimen organizado transnacional para aumentar sus recursos financieros y la generación de ingresos significativos a partir de la trata de personas. Por otra parte, la necesidad de proteger a los ciudadanos de las consecuencias de los actos humanos tanto intencionados como no intencionados, así como de los peligros naturales y los fallos técnicos, se ha convertido en un hilo conductor importante del discurso de seguridad europeo. El gasto económico mundial en la lucha contra el terrorismo es mucho mayor que el dedicado a la prevención de conflictos, el mantenimiento y la consolidación de la paz. Al responder a esta amenaza, el extremismo violento ha provocado una reacción exagerada entre los estados, concibiendo la acción para sus propios fines propagandísticos, así como violaciones sistemáticas de derechos humanos y privación de libertades esenciales. También es preocupante tanto por el auge de los discursos de odio, en su mayoría perpetrados por movimientos totalitarios, que van ganando espacio político.
En cuanto a los diferentes componentes del desarrollo sostenible, es importante señalar que el extremismo violento no solo priva a las personas de sus libertades, sino que también limita las oportunidades de ampliar sus capacidades. Los desafíos actuales del desarrollo, como las desigualdades, la pobreza y la mala gobernabilidad, el extremismo violento exacerba esos agravios (como el acceso desigual a la justicia) y crea un círculo vicioso de declive, que afecta particularmente a los grupos marginados y puede afectar la cohesión social. Si bien no se puede demostrar que la pobreza tenga una relación causal directa con el terrorismo, está claro que el impacto de la violencia extremista ha sido mayormente soportado por los ciudadanos de los países en desarrollo, incluso si el reclutamiento y la radicalización hacia el extremismo violento también ocurren en los países desarrollados.
La mayoría de los gobiernos de la región están gastando cantidades cada vez mayores de ingresos para hacer frente a las amenazas y las consecuencias del extremismo violento, restando recursos a otras actividades. La inversión en Homeland and Defense Security y otras medidas contra el extremismo violento tienen efectos directos en varios países, donde se ha dedicado una notoria asignación presupuestaria a este sector en detrimento de otras actividades socioeconómicas. La percepción de inseguridad aumenta esta tendencia.
No hay duda de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos cometidas por grupos extremistas violentos en la región euromediterránea. Desde el derecho a la vida, así como el derecho a la libertad y seguridad de la persona, hasta la libertad de expresión, asociación y pensamiento, conciencia y credo. Esos grupos también violan los derechos de las mujeres y las niñas, incluso a través de la esclavitud sexual, los matrimonios forzados y la usurpación de sus derechos a la educación y la participación en la vida pública.
La aplicación excesivamente amplia de medidas antiterroristas ha tenido un profundo impacto perjudicial en el disfrute de los derechos humanos. Penalizar o de otra forma prohibir o sancionar conductas sin una definición clara es incompatible con el principio de legalidad, precepto básico del estado de derecho. Las iniciativas contra la violencia pueden comprometer los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población a la que se dirigen, socavar el trabajo de los defensores de los derechos humanos y la independencia de la sociedad civil. Varios gobiernos de la región ya etiquetan de manera rutinaria a opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos como “extremistas” o “terroristas”.
En términos de acción humanitaria y acceso a los servicios básicos, la región se enfrenta a una situación en la que el número de refugiados forzados y desplazados internos es el más alto registrado, una situación a la que el extremismo violento ha sido un factor contribuyente significativo. La inacción sobre las políticas de asilo implementadas en la actual crisis migratoria en Europa se ha visto agravada por la elección de la securitización de las fronteras como respuesta principal del Estado.